Un error de comunicación frustró las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ

Un error de comunicación frustró las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ

La confusión en torno a que el PP iba a demorar un mes más la posibilidad de un acuerdo hizo que el Ejecutivo optara por presentar su reforma del TC

Un malentendido sobre cuándo el PP estaba dispuesto a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frustró las conversaciones entre el Gobierno y Génova, y llevó al Ejecutivo a presentar la reforma legal para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que acabó de dinamitar la interlocución en este asunto.

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP pareció alumbrar una nueva etapa en las relaciones entre Moncloa y los populares, tras la enorme tensión de los años de Pablo Casado. Feijóo designó a Esteban González Pons, nuevo vicepresidente de Institucional del PP y un político muy experimentado, como su negociador. Pero la comunicación con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha fluido. Tuvieron un primer encuentro, en el que según fuentes del PP, Bolaños quiso entrar en materia, aunque para Pons fue sólo una presentación porque no se conocían.

La convocatoria de las elecciones andaluzas el pasado 19 de junio paralizó los contactos. El PP quiso esperar a que antes pasara esta cita. Pero la semana anterior se produjo un hecho que hizo descarrilar la negociación. Bolaños y Pons habían hablado esos días y se emplazaron a verse justo después de las andaluzas. Según fuentes conocedoras la intención de Génova era que se celebrara una reunión el viernes 24. El día 13, una rueda de prensa de González Pons, acabó frustrando esa posibilidad. Los populares anunciaron que enviarían al Ejecutivo una propuesta para renovar el CGPJ y otros órganos constitucionales. El dirigente popular dijo «en el próximo mes» pero lo trascendió públicamente es que sería «en el plazo de un mes».

Génova no lo corrigió, a pesar de que el verdadero propósito era que Pons se entrevistara con Bolaños en solo 10 días. Y fue justo este nuevo plazo de un mes lo que encendió al Ejecutivo, que lo interpretó como otra maniobra dilatoria (el CGPJ estaba entonces a punto de cumplir tres años y medio caducado), y condujo a la presentación de una proposición de ley en el Congreso, tramitada de urgencia, y que este jueves logró el aval de la Cámara Baja.

Negociación «desde cero»

Se trata de una nueva reforma de la ley del Poder Judicial para enmendar una reforma anterior, ideada también por el Gobierno, destinada a levantar el veto a los nombramientos del CGPJ cuando se encuentra en funciones, en el único caso del TC. El PP asegura que se enteró de ello por la prensa, la noche del 23 de junio, cuando lo adelantó eldiario.es. Y que esa acción hizo que no se consumara la reunión con Bolaños que tenían en mente. De hecho, reprochan al Ejecutivo que no esperara a que finalizara la semana antes de dar ese paso si en la última conversación entre Pons y el ministro habían quedado en verse esos días.

Moncloa justificó su decisión en que se trata de una modificación «acordada con la dirección anterior del PP», en el marco del acuerdo de renovación del TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que se produjo en octubre de 2021. Fuentes gubernamentales explican que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo pactó con su anterior interlocutor, el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, como un salvoconducto para buscar una solución a un posible nuevo bloqueo del Constitucional si los dos grandes partidos no lograban avanzar en la renovación del CGPJ. Lo que sucede es que, aunque en Génova no niegan que García Egea llegara a ese acuerdo, sí matizan la obligación de la actual dirección de asumirlo.

Los populares aseguran que en la primera reunión que mantuvo Bolaños con Pons, este ya transmitió que la «negociación partía de cero» y no validaban la lista de nombres propuesta por García Egea o otros acuerdos y que no aceptarían «actuaciones unilaterales», en referencia, precisamente, a ese cambio legal del TC.

Pero, sin el lío sobre el momento en que el PP iba a remitir al Gobierno su propuesta para pactar un nuevo CGPJ junto a un plan para «renovar, reformar y regenerar» la justicia, las conversaciones podrían haber avanzado. Ese nuevo plazo de un mes, que en realidad no fue bien verbalizado (se iba a hacer ese mismo mes) acabó de convencer al Gobierno de que el PP de Feijóo no tenía intención de alcanzar un pacto. Fuentes de la formación insisten en que sí, en que su propósito era renovar el Consejo General del Poder Judicial. Algo que en Moncloa desmienten tajantemente porque, señalan, no han hecho más que «dar largas» y «mentir» sobre sus intenciones.

Génova confió en un arreglo

Pese a ello el lunes hubo un último acercamiento. Pons pidió una reunión a Bolaños, que se celebró en el Congreso, pero con la exigencia de que la reforma para desbloquear el TC se retirara (ya estaba fijada en el orden del día del pleno de esa misma semana). Fuentes populares apuntan que pensaban que el Gobierno iba a aceptar. Pero no transigió.

Según fuentes gubernamentales, «el PP ha decidido no renovar el CGPJ esta legislatura«. Explican, además, que no tenía sentido pedir la retirada de la reforma porque aunque esté aprobada, si hay un nuevo Consejo podría realizar nombramientos y no operarían las limitaciones de un mandato en funciones. Aunque en el PP insiste en que su voluntad era la renovación también admiten que no hacerlo no tiene coste electoral para ellos.

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Las dos partes reconocen que la previsión es que no haya un nuevo CGPJ hasta las próximas elecciones. Este horizonte supone que el órgano de los jueces puede cumplir cinco años sin ser actualizado por la falta de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios.