¿Qué hacen otros países con los beneficios extra de energéticas y bancos?

¿Qué hacen otros países con los beneficios extra de energéticas y bancos?

Otras haciendas europeas han optado por gravar las ganancias de petroleras, gasistas y eléctricas que se consideran ligadas al encarecimiento energético

El gravamen que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas no es una ‘rara avis’ en Europa. Ya hay varios países que han decidido aplicar este recargo, como es el caso de Italia o Reino Unido. No es así, en cambio con el que afectará a la banca que Pedro Sánchez anunció el martes, que ha provocado el desplome de las acciones de entidades de Ibex y que no ha planteado ninguna de las grandes economías europeas.

En Italia, el Gobierno de Mario Draghi ha introducido un impuesto de carácter extraordinario, y de duración temporal destinado a gravar las ganancias extraordinarias del sector energético, y minimizar los aumentos de precios para los consumidores. No es así en el caso de los bancos. En lo que concierne las eléctricas, la medida aprobada prevé un impuesto de hasta el 25% sobre las ganancias extraordinarias de las empresas con el en que se están beneficiando de este peculiar momento de bonanza para sus arcas. Se ha determinado que dichas ganancias extraordinarias se fijarán comparando el superávit obtenido este año con los datos del año pasado

Pero, no solo han criticado la medidas sus destinatarios, las asociaciones de consumidores afirman que la medida no afronta “el verdadero problema, que es el comportamiento del mercado del gas”, que representa en Italia el 49% de las energía eléctrica usada en el país. «Es verdad que la guerra entre Ucrania y Rusia ha contribuido a aumentar los precios, pero no los del gas natural. Los (precios) actuales están aumentando porque los operadores financieros, especuladores, se aprovechan de la crisis geopolítica”, según la cooperativa Altro Consumo.  

En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson, después de mucho resistirse y negar que lo haría, anunció una tasa sobre los beneficios de las compañías de gas y petróleo del 25%, pero excluyó a las eléctricas. Al explicar la medida, el hasta hace poco ministro de Finanzas, Rishi Sunak, aclaró que la decisión será “temporal y si los precios del petróleo y del gas vuelven a niveles históricamente más normales se eliminará gradualmente”.

Sunak es ahora uno de los candidatos que aspira a convertirse en primer ministro. “Los sectores del petróleo y el gas están logrando beneficios extraordinarios, no como resultado de asumir más riesgos, o incrementar su innovación o eficacia, sino a causa del incremento global del precio de las materias primas, debido en parte a la guerra lanzada por Rusia” había señalado. En sus planes también estaba el estudiar los beneficios extraordinarios de las empresas de electricidad.

La factura energética puede ser imposible de pagar este invierno para muchos británicos. En Reino Unido existe un límite promedio por hogar con dos revisiones al año, en abril y octubre. En abril, el precio limite aumentó un 54% y alcanzó los 2.115 euros. Entonces se anticipó una nueva subida para octubre de casi 900 euros, lo que supondría un recibo de unos 3.200 euros anuales. El regulador energético Ofgem advierte ahora que los precios del mercado energético son más altos de lo estimado. La consultora Cornwall Insight calcula que esa factura en otoño puede alcanzar los 3.800 euros. 

En Francia, la única medida anunciada hasta ahora ha sido nacionalizar completamente la eléctrica EDF, de la que el Estado ya tiene más del 80% del capital. Otros países han sido más agresivos con los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, como es el caso de Rumanía, que aplicó un gravamen del 80% a estas ganancias o Grecia, cuyo gobierno conservador, ha establecido un cargo del 90% a estos ingresos o Hungría, que esperar recaudar más de 4.000 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno de coalición alemán, conformado por los socialdemócratas del SPD, los ecoliberales de Los Verdes y los liberales del FDP, no ha introducido ningún impuesto especial a la banca ni a las empresas energéticas. Y difícilmente lo hará porque el Ministerio de Finanzas está en manos del Christian Lindner, presidente del FDP, partido que apuesta por la disciplina presupuestaria y una política económica de corte neoliberal. 

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Lindner ya hizo una excepción durante la pandemia, en la que accedió a sacar adelante los coronabonos en la UE – mutualización temporal de la deuda comunitaria – y a aprobar unos presupuestos nacionales expansivos para hacer frente a los programas de apoyo de empresas y ciudadanos. Mientras el ala izquierda de la Coalición Semáforo – SPD y verdes – sí se abre a debatir posibles impuestos a las grandes empresas y fortunas.