Los últimos imputados de la trama del 3% niegan conocer irregularidades relacionados con la financiación de CDC

Los últimos imputados de la trama del 3% niegan conocer irregularidades relacionados con la financiación de CDC

Un empresario se acoge a su derecho a no declarar y sus hijos sostienen que eran meros empleados en las empresas familiares

Los últimos imputados en el caso 3%, en concreto, en la pieza que sigue abierta por la presunta financiación ilegal de CDC a través de la productora Triacom, negaron ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estar al tanto de las irregularidades que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción, informaron fuentes jurídicas a El Periódico.

Este martes era el turno de Diego Garzón Uribe y de sus dos hijos, Diego y David Garzón López. El primero, que declaró a través de videoconferencia desde Palma de Mallorca, se acogió a su derecho constitucional a no declarar, mientras que sus hijos optaron por hacerlo, pero para negar conocer ninguna práctica irregular en las empresas familiares, dedicadas a realizar instalaciones y en las que se atribuyeron un papel de meros empleados, aunque Diego admitió la administración de alguna de ellas. Los dos negaron la práctica concreta que el representante del ministerio fiscal les atribuye para contribuir al delito: haber realizado extracciones de dinero en efectivo.

Las declaraciones de esta pieza remitida a la Audiencia Nacional por una jueza de Lleida continuarán este jueves 14 con las declaraciones de los otros nuevos imputados, Gonzalo y Esteve Niubó Mir, residentes en el municipio de Mollerusa. Según Anticorrupción, ambas familias formarían una presunta cadena de facturación falsa desde Triacom para financiar CDC.

Nuevo impulso procesal

La próxima semana declararán ante el juez Pedraz los principales imputados de esta pieza: el exgerente de TV3 y administrador de Triacom, Oriol Carbó, al exdirector de Meteocat Oriol Puig y al administrador de Hispart, Juan Manuel Parra.

El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, José Grinda, pidió su citación, porque, «según se desprende de la documentación obtenida del Meteocat, y recoge el informe policial de 27 de abril de 2022, se produjo un proceso de licitación fraudulento y un cobro de Triacom de 70.800 euros (con fecha final de 3 de febrero de 2016) pese a no existir trabajo ni servicio alguno que lo justificara».

En esta pieza del caso 3% que queda en instrucción, el juez Pedraz investiga «una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual» seguido para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Cataluña. En vez de hacerse a través de donaciones a sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, como ocurría en la pieza principal, cuya instrucción ya se dio por concluida, el juez explica que se recurrió a Triacom Audiovisual y en particular a su representante, Oriol Carbó, que también fue gerente de TV-3. Así se pagó a Joan Manuel Parra la deuda que el partido contrajo con su empresa de producción audiovisual, Hispart, por la campaña electoral de 2010. Fueron 750.000 euros que Triacom pagó en beneficio de CDC a través de facturas falsas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Así, cubría la deuda de CDC son facturas falas y recibía dinero que eran donaciones de ciertas empresas, con el que pagaba gastos particulares de personas «ligadas directa e indirectamente» al partido, como el alcalde de Fondarella, Joan Reñe; Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, y Sandra Buevaron, esposa del exalto cargo convergente David Madí, imputado en Voloh.