La guerra eleva la urgencia de los agentes sociales por sellar un pacto de salarios

La guerra eleva la urgencia de los agentes sociales por sellar un pacto de salarios

La invasión rusa de Ucrania deja sentir sus ecos hasta en las mesas de negociación de los sindicatos y las patronales en España. Fuentes del diálogo social confirman a este diario que el comienzo de la guerra añade urgencia a la negociación del nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), el documento en el que se establecen las líneas generales que orientan a los negociadores de los miles de convenios que hay en el país, también en materia de salarios. La posibilidad de que la guerra haga subir la electricidad, la electricidad empuje hacia arriba a los demás precios, y los precios den alas a exigencias de repuntes fuertes de los sueldos es lo que hace imperativo que la negociación no se prolongue, aseguran.

“Si el acuerdo no está hecho antes de que termine marzo, veo muy complicado que lo cerremos”, explica uno de los negociadores. “Con la guerra en marcha, cada dato de IPC puede ser mayor que el anterior, y eso torcerá las posibilidades de pacto. Cerrarlo pronto es la única posibilidad de dar tranquilidad a empresas y trabajadores, con subidas salariales que todo el mundo encuentre razonables”, concluye. El último dato del IPC, correspondiente a enero, marca subidas de precios del 6,1% interanual. De momento, ni CEOE ni CCOO han indicado qué cifra de subida de salarios plantean, mientras que UGT ya ha puesto sobre la mesa un aumento este año del 5%; el primer encuentro negociador será el jueves 3 de marzo; dos días antes, el 1, los sindicatos se reunirán entre sí para tratar de pactar una posición común.

Precios y reforma laboral

En principio, sindicatos y patronales pensaban darse hasta el final de este semestre para poder negociar sin prisas un acuerdo con un horizonte temporal de tres años de validez, pero ya todos están de acuerdo en que ese calendario -pactado en una reunión preliminar a finales de enero- está obsoleto. No sólo por el conflicto en el este de Europa; también tiene mucho que ver la reforma laboral, explican desde la patronal: a medida que han ido transcurriendo las semanas desde su aprobación, a finales del año pasado, se van poniendo de manifiesto lagunas e inconcreciones en esa nueva norma que conviene enmendar con acuerdos, dicen, antes de que den lugar a una cascada de reclamaciones ante los tribunales. En la opinión de los empresarios, esos arreglos tendrían que estar concertados antes de finales de marzo, que es cuando entra en vigor la parte de la reforma de mayor alcance, la referida a las nuevas fórmulas de contratación. Así que tanto la inflación, como las carencias de la regulación, como la necesidad de ajustar los erte covid (prorrogados recientemente hasta el 31 de marzo) con el modelo planteado en la reforma laboral empujan a los interlocutores sociales a pensar en un acuerdo en semanas, y no en meses.

A pesar de esa coincidencia en la necesidad de acortar los plazos, las negociaciones no se esperan fáciles: CEOE se ha mostrado reticente a subir sueldos porque dice que hay que evitar «que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten», mientras que UGT y CCOO han insistido repetidas veces en que ha de haber incrementos notables, sobre todo después de un 2021 de pérdida de poder adquisitivo, porque el año pasado los salarios en convenio subieron un 1,5% mientras que la inflación media repuntó hasta el 3,1%.

En el resto de materias a tratar tampoco hay consenso: para los sindicatos es prioritario completar lo dispuesto en la reforma laboral en materia de contratos fijos discontinuos, que es la fórmula llamada a sustituir a buena parte de la contratación temporal que se daba hasta ahora pero que con la nueva ley queda prohibida o restringida. La patronal quiere también abordar esa figura contractual, pero asimismo planteará resolver las inconcreciones en subcontratación o la conversión de los antiguos contratos temporales a los nuevos, algo menos apremiante para las centrales.

CEOE tiene además un motivo adicional para remendar la reforma laboral que no afecta a sus interlocutores, según fuentes próximas a la dirección: a finales de año se celebran elecciones en la patronal, y a su presidente, Antonio Garamendi, le conviene un pacto favorable -y pronto- para apuntalar sus posibilidades de reelección, antes de que sus potenciales adversarios (todavía ninguno ha dado un paso al frente) puedan servirse de los fallos de la reforma que él firmó para hacer campaña en su contra.

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La patronal también dedica más espacio en su texto a las anunciadas sanciones de la UE contra Rusia, que dicen entender, aunque recuerdan que «son las empresas las que sufrirán el impacto de estas sanciones económicas, incluyendo las compañías que comercian y operan en Rusia», y por ello piden «máxima claridad y transparencia» cuando se adopten.

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