Investigadas de nuevo las detectives que espiaron a la víctima de ‘La Manada’ para ver si llevaba «una vida normal» tras ser violada

Investigadas de nuevo las detectives que espiaron a la víctima de ‘La Manada’ para ver si llevaba «una vida normal» tras ser violada

El juez que archivó dos veces el caso contra las detectives que espiaron a la víctima de ‘La Manada’ durante los meses posteriores a la violación «no practicó las diligencias necesarias para esclarecer los hechos» y «ni tan siquiera le tomó declaración a la denunciante» antes de cerrar el procedimiento. Es la conclusión de la Audiencia de Madrid, que ha conocido CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El tribunal de la sección número 15 acaba de dictar un auto en el que ordena reabrir de nuevo el caso y obliga al juzgado de instrucción número 40 de Madrid a que investigue por un delito de revelación de secretos y contra la intimidad personal a las dos mujeres detectives, que hace un año acudieron al juzgado y se acogieron a su derecho a no declarar.

Ambas fueron contratadas por la familia de Alfonso Cabezuelo, el militar condenado a quince años de prisión junto a los otros cuatro miembros de La Manada, para comprobar si la joven llevaba una vida «normal» tras las agresiones que había sufrido en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.Indicios de delito

Se trata de la segunda vez que la Audiencia de Madrid, que ya vio «indicios de delito» en la actuación de las detectives, revoca la decisión del juez Enrique de la Hoz de dar carpetazo a la denuncia de la víctima. El magistrado consideraba que las investigadoras privadas, que llegaron a fotografiar a la chica junto a cinco amigos en la piscina de su urbanización, en el hall de su portal y también en un restaurante con su familia, durante aquel verano en que ella trataba de rehacer su vida,  no vulneraron su intimidad porque «recabaron datos e imágenes en lugares públicos». 

«La finalidad no era acreditar la existencia de una agresión sexual, sino de un estrés postraumático por el que se reclamaba una cantidad cuantiosa», según el abogado de las detectives

Una afirmación que la Audiencia de Madrid rechaza ahora: «Tras nuestro auto por el que acordábamos que continuase la instrucción de la causa se ha tomado declaración a las denunciadas, que se han acogido a su derecho a no declarar, no practicándose ninguna otra diligencia, por lo que no puede determinarse si las imágenes se han obtenido de forma legal o no, tampoco sobre las concretas circunstancias que rodean a la zona de la comunidad relativa a la piscina, como si se han realizado desde el exterior (vía pública) o desde una zona privada de la comunidad».

En su auto, el tribunal recuerda al juez instructor que «lo primero que deberá hacerse es incorporar (al procedimiento) el informe original» que elaboraron las detectives para poder valorar si cometieron algún delito. Añade que «debe averiguarse cómo se realiza dicho seguimiento y captación de las imágenes, si se ha vulnerado un lugar reservado y si las conversaciones e imágenes de redes sociales se han capturado en legal forma (redes abiertas o no)».

«Fuma, sale de marcha…»

Lo cierto es que las detectives incluyeron en su informe «datos de identificación del domicilio actual de la víctima en Madrid, así como datos de la localidad donde ella y su familia tienen su segunda residencia», según la denuncia que presentó Teresa Hermida, la abogada de la víctima. También, imágenes de la chica en un bar acompañada de sus padres, junto a expresiones sobre el comportamiento de la joven violada como: «cena cómodamente con su familia» o ella «es el centro de atención de la mesa con su conversación».

Tras sus seguimientos, concluyeron que la chica «no ha cambiado sus hábitos con posterioridad a los hechos denunciados», añadiendo incluso que «fuma, sale de marcha, toma café con los amigos…».

Ese informe y un segundo dossier que elaboraron con la actividad de la chica en redes sociales fueron incorporados por uno de los abogados de ‘La Manada’ ante la Audiencia de Navarra durante la investigación del caso, aunque finalmente la documentación quedó fuera del procedimiento. Por esta razón, el fiscal del caso también solicitó al juez que se archivara: para que hubiera delito habría que «acreditar al menos indiciariamente que el comportamiento de las querelladas era descubrir los secretos o vulnerar la intimidad personal de la víctima, de difícil encaje al no haberse admitido el informe en el sumario principal ni haberse divulgado».

Estrés postraumático

Según defendió el abogado de las detectives, Agustín Martínez, ante el juez, «la finalidad (del informe) no era acreditar la existencia de una agresión sexual, sino de un estrés postraumático por el que se reclamaba una cantidad cuantiosa«. Sin embargo, la Audiencia de Madrid pide al juez que averigüe si en el informe original elaborado por las detectives «consta un examen de las imágenes del día de los hechos, cuya finalidad a la hora de determinar la existencia del estrés postraumático que el letrado de la defensa alega es el que motiva el informe, no queda aclarado».

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La Audiencia recuerda en su auto que «por el hecho de ser detectives en el ejercicio de su profesión, ello no les excluye (per se) de la comisión del delito que se les acusa». Los magistrados reconocen que «es cierto que en cierta medida la profesión de detective privado aboca a indagar en la vida íntima de las personas», pero añaden que, según la Ley de seguridad privada, «no se podrá investigar la vida que transcurra en los domicilios y otros lugares reservados ni utilizarse medios que atenten contra el honor, la intimidad o propia imagen».

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