Indiferencia de los agentes sociales ante los fondos de pensiones públicos

Indiferencia de los agentes sociales ante los fondos de pensiones públicos

La negociación de los nuevos fondos de pensiones promovidos por el sector público en la mesa del diálogo social ha discurrido a lo largo de los últimos meses sin despertar grandes pasiones, y su aprobación por el Consejo de Ministros -sin el plácet de los agentes sociales- deja igualmente fríos a los empresarios y a los sindicatos. 

Para Unespa, la patronal del sector del seguro, el texto es “insuficiente” y “una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones”. Esta organización considera que los incentivos para animar a las empresas a contribuir a los planes de empleo de sus trabajadores “distan mucho de ser relevantes” y son “significativamente inferiores a los que existieron en el pasado”, con lo que no cuentan con que produzcan el efecto apetecido por el Ejecutivo de extender el uso de los planes de empleo como mecanismo de ahorro para la jubilación.

Al otro lado de la mesa de diálogo, el diagnóstico no es mucho más optimista: CCOOve el proyecto como “una iniciativa de dudosa relevancia”. En palabras del Secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, Carlos Bravo, “realmente aborda un problema inexistente, porque la cuestión central para que haya sistemas complementarios de pensiones en las empresas es que éstas acepten aportar a los mismos, cosa que este Proyecto de Ley no garantiza, y por ello probablemente no tenga un desarrollo muy relevante”.

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Entre los autónomos, la organización UPTA -vinculada a UGT- sí que ha saludado «gratamente» la iniciativa gubernamental, y ha anunciado que promoverá un plan de pensiones específico para trabajadores por cuenta propia en el marco de este sistema que -calculan- podrá alcanzar «a más de un 10% de los autónomos españoles [unos 330.000]» en su primer año. Una confianza que no comparte ATA -integrada en CEOE-, que cree que los fondos «nacen prácticamente muertos» por falta de incentivos y por presentar pocas ventajas para el colectivo, por lo que «no lograrán llegar a 100.000 autónomos», según su vicepresidenta, Celia Ferrero.

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