El Poder Judicial se resiste y no asegura cumplir en septiembre la reforma del Gobierno

El Poder Judicial se resiste y no asegura cumplir en septiembre la reforma del Gobierno

Vocales ponen en cuestión la obligación que les impone el Congreso y avisan de que puede romperse la tradición en favor de dos magistrados conservadores.

La tensión en torno a la renovación de los órganos constitucionales, como son el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), sigue incrementándose, por lo que los últimos movimientos del Gobierno para lograr que este último consiga una mayoría progresista podrían fracasar

Así lo advierten a El Periódico de España, vocales del órgano de gobierno de los jueces pertenecientes a diferentes sensibilidades, que ponen en cuestión la obligación que les impone el Congresoy conjeturan dificultades para llegar al consenso a la hora de elegir los dos magistrados del TC que les corresponde por cuota, y que obliga a que los elegidos consigan un total de doce apoyos en el Pleno que deba celebrarse para ello.

También está en peligro, según las fuentes consultadas, el cumplimiento de la tradición según la cual los nombramientos del CGPJ para el Tribunal Constitucional se corresponden siempre con un magistrado conservador y otro progresista, en aras al equilibrio de sensibilidades de este órgano. 

¿Un TC empatado?

Algunos integrantes de este órgano se temen que, al tener el sector conservador un total de once votos, únicamente haría falta que otro vocal se deslice hacia sus posiciones para tener la mayoría necesaria para poder optar incluso por dos magistrados conservadores para el TC. Si esta situación se produce ya no se obtendría la mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores que ansía el Gobierno, sino un tribunal fracturado en dos bloques de seis magistrados que precisaría el voto de calidad del nuevo presidente que se nombre para deshacer empates.

El propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha referido a las dificultades de alcanzar consensos al ser preguntado por los periodistas este jueves en La Palma, donde acudió a visitar los partidos judiciales afectados por la erupción volcánica. Allí, adelantó que convocará Pleno del Consejo antes del 13 de septiembre, una vez aprobada la contrarreforma de la LOPJ. 

Ha añadido que lo hará «en un tiempo razonable» pero que se necesita «algo más», pues para designar a los dos magistrados del TC se requiere una mayoría de tres quintos, lo que a día de hoy -con un CGPJ que cuenta con dos vocales menos, tras una jubilación y un fallecimiento-, supone lograr un total de doce votos. «Es necesario que los vocales se pongan de acuerdo en dos candidatos en un número muy importante y me esforzaré que esa situación se dé, pero tampoco la puedo garantizar, lógicamente», ha manifestado.

Vocales del sector conservador consultados por este diario reconocen que la clave es el consenso. «Nuestro deber es aplicar la ley y, en este sentido, procurar realizar los nombramientos dentro de ese plazo. Ahora bien, el plazo a lo único que obliga es a activar el proceso para dichos nombramientos, pero a nada más».

Es decir, si bien el plazo que les impone la reforma aprobada por el Congreso es vinculante en el procedimiento o medio encaminado al nombramiento, «no puede serlo en su resultado porque lo que no puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado de plural composición», agregan las mismas fuentes.

En el sector progresista, sin embargo, consideran que esta postura adelanta un conflicto, porque siendo diez los vocales designados a propuesta del PP, al que podría sumarse el del presidente Lesmes, bastaría con que un voto del grupo progresista se «deslizara» con dicha mayoría para lograr los nombramientos. Y con esa mayoría, no se descarta que del Pleno del CGPJ salgan finalmente dos magistrados conservadores, aventuran. «Aquí no valen tradiciones si están en juego las mayorías en los órganos constitucionales«, advierten.

Otros vocales, como Álvaro Cuesta, considera «dudosas» esas posibilidades y se preguntan cuáles serían las consecuencias jurídicas si no se alcanza la mayoría para nombrar a los magistrados del TC, y si éstas podrían ser penales. «El CGPJ quedaría muy mal en su reputación, pero no alcanzo a vislumbrar qué sanción cabría -asegura-. Otra cosa es que el CGPJ intencionadamente se negara a cumplir la nueva ley, de manera dolosa y concertada, o el presidente no convocara pleno al efecto».

Posibles nombres

En cuanto a los nombres que pueden designarse, también es tradición que el CGPJ «pesque» para el Tribunal Constitucional en el caladero del Tribunal Supremo, mientras que los designados por el Gobierno suelen venir del mundo académico. En este sentido, uno de los nombres que suena con más fuerza es el del magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas Murillo, jurista muy reputado y ponente, entre otras, de la sentencia que facilitó la salida del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. 

Otros nombres que suenan son los del propio presidente de dicha Sala, César Tolosa, de la presidenta de lo Social (que se jubila a finales de año), María Luisa Segoviano, del experto en mercantil, Ignacio Sancho e incluso el de destacados miembros de la Sala de lo Penal como son Pablo Llarena, Antonio del Moral o el presidente Manuel Marchena, según las fuentes consultadas.

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Algunos de estos candidatos podrían obligar a la abstención de algún vocal, como es el caso de Lucas Murillo, pues su hermano Enrique es uno de los vocales, habiendo sido designado a propuesta del PNV. Otro caso dudoso es el de la magistrada del Tribunal Supremo y vocal Clara Martínez de Careaga, por ser esposa del magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, a quien le favorecería la renovación por ser uno de los más firmes candidatos a ser el nuevo presidente del órgano, según señalan las fuentes consultadas.