El juez imputa a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez imputa a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El magistrado les atribuye el dominio de la situación suficiente para haber impedido el crimen durante los días que duró el secuestro

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado citar como imputados a tres exjefes de ETA que formaron parte del Comité ejecutivo de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco hace justo ahora 25 años.

En un auto, el magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, basada en la autoría mediata, contra José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista. El juez también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, pero en su caso considera los delitos prescritos. Para poder interrogar al primero, el magistrado cursará una euroorden, tras el rechazo de una anterior por Francia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 toma esta decisión una vez recibido el informe de la Guardia Civil encargado por el juzgado con el fin de determinar los miembros del Comité ejecutivo de ETA (‘Zuba’) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, al no haber impedido el asesinato del concejal de Ermua que permaneció secuestrado 48 horas antes de ser asesinado. De todas las querellas interpuestas por Dignidad y Justicia por autoría mediata, basada en la jerarquía con la que actuaba la banda terrorista, es la que tiene más visos de prosperar, por el tiempo que estuvo retenido para intentar chantajear al Estado.

Posición de dominio

García Castellón señala que la cúpula de ETA, pese a no ser los ejecutores materiales de los delitos, tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado”. 

El juez, que ya fue el instructor de la causa hace 25 años, hace un repaso a la trayectoria de ETA desde la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, cuando la organización terrorista diseñó una nueva estrategia político-militar orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento. 

Entre 1993 y 1994, el nuevo Comité ejecutivo planificó y puso en marcha la denominada “estrategia de desestabilización”, que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos de ETA, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532, días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real.

Secuestro de un concejal

En el marco de esa “estrategia de desestabilización”, el Comité ejecutivo de ETA, dice el juez, decidió la comisión de acciones terroristas contra miembros del Partido Popular, que ejercía labores de Gobierno en España, utilizando un nuevo procedimiento: el secuestro de un militante de dicha formación bajo la amenaza del asesinato si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas. 

«El secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta para la ‘dirección’ de ETA, acción que había que realizar precisamente en el verano y ‘lo antes posible'», según consta en las comunicaciones orgánicas manuscritas por el responsable de los comandos de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, dirigidas a unos de sus comandos, el llamado ‘Bizkaia’. Y eso convertía a Blanco en «objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista».

Poder evitarlo

Para el magistrado, teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA en el que su principal estructura directiva, su Comité ejecutivo, era el órgano donde se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos de acción de ETA, «es improbable que una acción terrorista como la llevada a cabo contra el concejal del PP fuese realizada por un comando sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA».

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De ahí que pudieran haberlo evitado y no lo hicieron, pese a los múltiples llamamientos que, tras el secuestro de la víctima, se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad civil española y de la clase política dirigente en ese momento. Como tenían una posición de mando que les permitía evitar el crimen, les considera autores del mismo.

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