El Gobierno tiene un plan para que 30.000 mujeres puedan salir de la prostitución

El Gobierno tiene un plan para que 30.000 mujeres puedan salir de la prostitución

Igualdad destina 12,9 millones de euros a un plan de inserción sociolaboral de mujeres explotadas y prostituidas

El Gobierno ha dado el primer paso para sentar los cimientos de una política pública que ayude a las mujeres y niñas víctimas de la trata y de la explotación sexual, así como a aquellas en situación de prostitución, a dejar atrás la violencia y la vulnerabilidad y a acceder a alternativas vitales y laborales. En cuatro años, el Ejecutivo espera llegar a 30.000 ciudadanas.

Y lo quiere hacer a través del primer Plan de Inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución, que este martes ha comenzado a perfilarse gracias a una inversión de 12,9 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Igualdad dispondrá de esa suma para conceder subvenciones directas a las entidades especializadas Médicos del Mundo, Adoratrices, Apramp, Mujeres en Zona de Conflicto y Fundación Cruz Blanca, que serán las encargadas de ayudar y acompañar a las mujeres.

Estas organizaciones llevarán a cabo actuaciones para promover la inserción laboral y social de mujeres explotadas o en contextos de prostitución. Equipos de profesionales sanitarios, sociales, juristas y psicólogos acompañarán a estas mujeres en su recuperación y formación, y también a sus hijos e hijas, para quienes se desplegarán itinerarios específicos de inserción socioeducativa y formativos.

Las asociaciones citadas, con amplia experiencia en la atención a mujeres víctimas de explotación sexual y prostituidas, desarrollarán itinerarios integrados para ayudar a estas ciudadanas a acceder a alternativas laborales, con prácticas en empresas, apoyo en la búsqueda laboral y formación para que puedan afrontar una entrevista de trabajo.

También pondrán en marcha un teléfono gratuito de información, orientación y derivación sociolaboral, en el que se prestará asimismo asistencia en procesos de regularización de la situación administrativa de estas mujeres, en gran parte extranjeras. La titular de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado la necesidad de modificar la ley de extranjería para ayudar mejor a estas víctimas.

De aquí a 2026, Igualdad espera ofrecer a 30.000 mujeres explotadas y prostituidas las «condiciones materiales que les permitan salir de la violencia» que, en palabras de la ministra Irene Montero son imprescindibles para la «reparación y construcción de sus proyectos de vida».

El Instituto de las Mujeres será el encargado de gestionar este plan que, en palabras de su directora Toni Morillas, constituye «una política abolicionista para construir derechos para las mujeres».

En septiembre, Igualdad y las entidades implicadas detallarán en un acto público todas las líneas de actuación del Plan, que se desplegará en todo el territorio nacional.

La pasada primavera, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron un modelo de acreditación para víctimas de trata y de explotación sexual con el objetivo de que estas mujeres puedan acceder a servicios de atención y reparación sin necesidad de denunciar su situación ni de que exista una sentencia. Este modelo, similar al empleado en los casos de violencia de género, permite a las entidades especializadas que trabajan con las víctimas acreditar su condición para que puedan tener acceso a ayudas y derechos.

Sin noticias de la ley contra la trata

El modelo de acreditación y el plan de inserción sociolaboral pretenden ampliar la protección de las víctimas de trata y explotación sexual, colectivos invisibles que han permanecido históricamente olvidados.

El Gobierno de coalición se comprometió al inicio de la legislatura a impulsar una ley contra la trata con fines de explotación sexual, como mandata el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este martes, la ministra Montero recordaba que es necesaria esta ley para establecer itinerarios seguros para todas las mujeres víctimas de estas formas de violencia machista.

Sin embargo, la iniciativa está paralizada en el seno del Ejecutivo. A pesar de que Igualdad planteó un borrador a Justicia a comienzos de año, la ministra Pilar Llop decidió consultar a la Comisión de Codificación antes de pronunciarse sobre cómo debe ser una ley integral contra la trata.

Se espera que, como muy tarde, la titular de Justicia dé detalles de la iniciativa en septiembre, pues la Comisión de Codificación le trasladó sus conclusiones en junio.

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Paralelamente, el Congreso de los Diputados ha decidido tramitar una proposición de ley del PSOE para castigar todo tipo de proxenetismo y multar a los puteros, aunque los grupos parlamentarios tienen posturas muy dispares a este respecto.