El Gobierno quiere prohibir por ley que banca y energéticas trasladen al cliente el nuevo impuesto

El Gobierno quiere prohibir por ley que banca y energéticas trasladen al cliente el nuevo impuesto

El Ejecutivo incluirá la prohibición en el futuro texto de la ley y dará poderes a la CNMC para vigilar y sancionar a las compañías y entidades financieras que lo incumplan

El Gobierno prepara un nuevo impuesto temporal a los grandes grupos energéticos y a los grandes bancos para financiar las medidas adoptadas para paliar el impacto de la espiral inflacionista sobre hogares y empresas. Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, el plan del pasa por crear un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios, que según subraya el Ejecutivo, están obteniendo por eléctricas, gasistas y petroleras con las subidas de precios en plena crisis energética y las entidades financieras anticipando la subida de tipos de interés que prepara el Banco Central Europeo (BCE).

Las previsiones del Gobierno contemplan que con el nuevo impuesto, que se pretende activar en 2023, se podrá recaudar en dos años en torno a 4.000 millones de euros en el caso de las grandes energéticas (las que facturan más de 1.000 millones anuales) y otros 3.000 millones de las entidades financieras. Las voces críticas con los nuevos tributos del Ejecutivo, de la oposición política al ámbito empresarial, advierten de que la imposición de esta subida fiscal acabarán pagándola los clientes porque las empresas y los bancos se lo repercutirán en el precio que les cobran o las comisiones que les aplican. El Gobierno dice querer evitarlo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anticipado que el texto de la futura ley incluirá la prohibición expresa de que las empresas y bancos que paguen el nuevo impuesto trasladen ese impacto al consumidor final. “En la norma se contemplará que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen en el precio final”, ha desvelado Montero en una entrevista con la Cadena SER.

La futura normativa, que Hacienda ultima y que PSOE y Unidas Podemos presentarán en forma de proposición de ley, servirá también para encomendar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la vigilancia del comportamiento de las grandes energéticas -eléctricas, petroleras y gasistas- y de los grandes bancos y también para dar poderes al organismo para aplicar sanciones a las firmas que incumplan la ley y repercutan al cliente el coste del impuesto.

Mismos ingresos, más beneficios

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó este miércoles que la intención del Gobierno es calcular si con un mismo nivel de ingresos las compañías están obteniendo este año y el próximo un beneficio mayor en plena crisis energética o un escenario de subida de tipos de interés, y será entonces cuando se aplicará el nuevo tributo sobre esas ganancias extraordinarias.

La vicepresidenta reconoció que en el caso del tributo que se aplicará a las energéticas se está utilizando como referencia y como inspiración el diseño de este tipo de nuevo impuesto por parte del Ejecutivo italiano de Mario Draghi, que inicialmente aplicó un gravamen del 10% sobre los beneficios extra y finalmente lo ha elevado al 25%.

“En este momento se están produciendo mayores beneficios por la situación de mercado que no están justificados y que tienen que repercutir en el conjunto de los ciudadano”, ha justificado la ministra de Hacienda, y qué mejor forma que practicar un gravamen sobre energéticas y sobre las entidades financieras (…) Hay que redistribuir la carga. Aquellos que ganan más tienen que contribuir más a la caja común”.

Contactos con los sectores

Las grandes energéticas y la banca se quejan de las formas del Gobierno, que ha anunciado el nuevo impuesto sin aclarar las condiciones del nuevo gravamen, del tipo impositivo que se aplicará, de la base imponible concreta que se utilizará para calcular esos beneficios extra y cuánto acabará afectando a cada compañía.

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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en marcha una ronda de contactos con el sector energético en busca de medidas para un plan de contingencia si se agrava la crisis energética y para abordar la implantación del nuevo impuesto. El Gobierno ha convocado este jueves encuentros de alto nivel con las patronales de las eléctricas, de gasistas y de petroleras, como adelantó este miércoles El Periódico de España. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado que se reunirá la próxima semana también con las patronales del sector financiero y de los bancos para tratar las características y el impacto del nuevo impuesto.