El fiscal rebaja en dos años la petición de cárcel para Pedro Antonio Sánchez al retirarle el delito de fraude de subvenciones

El fiscal rebaja en dos años la petición de cárcel para Pedro Antonio Sánchez al retirarle el delito de fraude de subvenciones

El expresidente regional también se libra de pagar la multa de seis milllones de euros que conllevaba esta acusación

Pedro Antonio Sánchez acaba de librarse del delito de fraude de subvenciones, que conlleva una pena de hasta dos años de cárcel y 6 millones de euros de multa, el mismo día en el que comienza el juicio por el caso Auditorio.

El fiscal, Juan Pablo Lozano, entiende que al expresidente de la Comunidad no se le puede acusar del delito de fraude de subvencionesporque existe una reforma entre 2010 y 2019 por la que se pueden acusar a particulares frente a la administración. 

En el caso de Pedro Antonio Sánchez, él actuó como Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no siendo posible implicarle en este delito.

No obstante, el fraude de subvenciones puede llevar implícitas acciones de falsedad documental, un delito del que sí le acusa la acusación particular y que sí se le podría imputar durante el desarrollo del juicio. Si llegara a suceder, podrían sumarse hasta 3 años y 6 meses de prisión a la pena final.El Fiscal sigue manteniendo los delitos de prevaricación continuada, que tiene aparejada una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; y fraude a la administración y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado, que añadiría dos años y tres meses de prisión y otros nueve años de inhabilitación.

El expresidente de la Comunidad ha llegado a las dependencias judiciales sobre las 09.30 horas acompañado por su abogado, José Antonio Choclán, sin hacer declaraciones a los medios.

El caso Auditorio, que provocó su caída política y le obligó a dimitir, es la última causa que tiene con la justicia, después de que saliera absuelto del caso Pasarelas por un error de tramitación. De la Púnica también salió bien parado, pero la Fiscalía recurrió y aún debe resolverse este cabo suelto.

Los hechos

Todo comenzó en 2015. Cuando el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, encargó de forma irregular, según la Fiscalía, al arquitecto Martín Lejárraga —también imputado— la construcción de un auditorio sin contar con expediente de contratación. El Colegio de Arquitectos de la Región (Coamu) protestó por el «encargo directo» a un arquitecto sin pasar por concurso. Entonces, desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se creó un concurso que llegó a vulnerar durante la tramitación, dice el fiscal, sus propias bases.

Por otra parte, y para obtener una subvención millonaria de la Comunidad, se procedió a ejecutar el proyecto sobre una parcela que no pertenecía a la Corporación local. Un «ardid engañoso», según el escrito de conclusiones provisionales, para no perder esos fondos.

El proyecto estaba abocado al fracaso, deja por escrito el Ministerio Público, ya que, a la imposibilidad de levantar la infraestructura en la rambla de Nogalte, se unió el problema de que al proyecto se añadieron después tres edificios y un garaje, no autorizados por la Comunidad. «Todo ello motivó que se ejecutara realmente desde su inicio un proyecto modificado, de hecho, de forma subrepticia».

Para ir ajustando el gasto del importe de la subvención ante la Comunidad y evitar el reintegro, el fiscal afirma que se aportaron certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38,04% a sabiendas». Ello permitió a la constructora «la obtención, incluso, del importe de la baja realizada en la licitación y verse liberada de sus obligaciones con perjuicio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras».

Acusación popular

La acusación popular, que tiene detrás al PSOE y Podemos, coincide con el Ministerio Fiscal en los delitos que se le imputan, pero añade uno más: el de falsedad documental. «Entendemos que toda la documentación que se depositó para construir el nuevo auditorio no era veraz», explica el letrado José Alberto Martínez Espinosa (de la parte socialista).

La Audiencia Nacional decidió unificar las tres acusaciones distintas, por lo que la dirige el primer partido que decidió presentarse como acusación: el PSOE.

Para Martínez Espinosa, el fiscal cuenta con «pruebas suficientes» para demostrar la culpabilidad de los acusados, en especial, la de Pedro Antonio Sánchez. En su caso, los delitos llevan implícita la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Es el delito de fraude el que lleva aparejada la prisión.Ginés Ruiz Maciá, el letrado de Podemos que presentó la acusación popular, coincide con su compañero Martínez Espinosa en considerar que «hay pruebas» para que los acusados sean considerados culpables. No obstante, es consciente de que «en procesos de prevaricación puede ser complicado demostrar que se actuó a sabiendas».

Ambos conocen las intenciones de la defensa de Pedro Antonio Sánchez, el abogado José Antonio Choclán (conocido por haber trabajado antes con ‘estrellas’ como Cristiano Ronaldo), de pedir la prescripción de los delitos con los que acusan a su cliente. Precisamente, este martes se dedicará casi por completo a las cuestiones previas del juicio, «momento en el que intentarán evitar el juicio por temas técnicos o formales o, por lo menos, querrán retrasarlo», comentan.

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Una vez se superada esta parte, y si el juez decide seguir adelante con el juicio, comenzará el interrogatorio de los acusados. Más de cuarenta testigos pasarán por el tribunal, que ha dividido el juicio en quince citas, alargando el proceso hasta finales de noviembre. Además de Pedro Antonio Sánchez, se sientan en el banquillo el arquitecto Lejárraga, la secretaria municipal y el responsable de la empresa constructora.