El Colegio de Médicos de Madrid dice que no se practican abortos porque todos los ginecólogos son objetores

El Colegio de Médicos de Madrid dice que no se practican abortos porque todos los ginecólogos son objetores

El defensor del pueblo ha constatado que en 2020 no se realizó ninguna interrupción voluntaria del embarazo en la red pública de la comunidad | «Nos extraña que se pretenda obligar a que se realicen abortos en esos hospitales si todos los ginecólogos se han declarado objetores de conciencia», señala el doctor Manuel Martínez-Sellés

El Defensor del Pueblo alertó esta semana del 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se realizaron en el año 2020 en la Comunidad de Madrid tuvieron lugar en hospitales privados. Según dicta la ley, avisó, esta alternativa debe ser de «carácter excepcional».

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, su presidente, el doctor Manuel Martínez-Sellés, justifica esta situación a El Periódico de España. El máximo responsable colegial de los facultativos de la región argumenta: el motivo por el que no se realizan abortos en los centros públicos «es que todos sus ginecólogos, de forma unánime, se han declarado objetores de conciencia«.

El defensor del pueblo constata, de esta manera, que en 2020 no se realizó ninguna IVE en la red de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Ángel Gabilondo respondía de esta forma a una carta enviada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, quien protestó por el caso de Marta Vigara, una mujer que acudió en 2020 al Hospital Clínico San Carlos con una posible rotura de placenta y, en el hospital, a pesar de que corría riesgo su vida, se negaron a practicarle un aborto en la 17ª semana de embarazo.

Alegaron entonces los sanitarios que «había latido fetal» pese a que la viabilidad del feto era «prácticamente inexistente», por lo que se acogieron a la objeción de conciencia para no practicar abortos.

«Esta ausencia prácticamente absoluta de IVE en la red sanitaria pública debería ser objeto de valoración y análisis por la Consejería de Sanidad» madrileña, actualmente gestionada por Enrique Ruiz Escudero. Apuntaba, además, Gabilondo que esta evaluación debía hacerse «sin prejuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios».

El defensor del pueblo destacó que otras cuatro comunidades presentan a su vez porcentajes de abortos en centros privados superiores al 75%: Castilla y León (82,5%), Castilla-La Mancha (99,9%), Extremadura (100%) y Murcia (100%).

Por el contrario, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra realizan más del 90% de estas intervenciones en centros públicos. Y, por su parte, en Galicia, el 71,7% de los abortos se llevan a cabo en la sanidad pública, frente al 60 % de Aragón y al 46,2% de Andalucía. 

La líder de la oposición madrileña sostuvo este miércoles, después de conocer la respuesta del defensor del pueblo, que «Ayuso va por los derroteros de EEUU y quiere convertir Madrid en Texas», en referencia a uno de los primeros estados del país que ha prohibido totalmente el aborto, tras conocerse la derogación del Tribunal Supremo estadounidense de la doctrina Roe contra Wade.

El caso del Clínico

Desde el Colegio de Médicos de Madrid, consultado por este diario tras conocerse el escrito de Ángel Gabilondo, se indica, en primer lugar, desconocer el citado informe, que ha sido publicado por todos los medios. Eso sí, su presidente «matiza» que, en primer lugar, en lo que respecta a la situación a la que se refiere del Hospital Clínico de Madrid, en su día fue analizada por la Comisión Deontológica del Colegio «y no se vio en la actuación de los médicos ginecólogos que intervinieron y tomaron las decisiones respecto a dicho caso clínico nada susceptible de sanción ni ninguna actuación que fuera inadecuada desde el punto de vista deontológico».

El médico dice que sólo se podrían practicar abortos en hospitales público obligando «a estos profesionales a que vayan en contra de su derecho a la objeción de conciencia»

En segundo lugar, muestra su «extrañeza» sobre «cómo se pretende obligar a que se realicen abortos en algunos hospitales públicos», teniendo en cuenta, añade, que en muchos de esos centros, «el motivo por el que no se realizan abortos es que todos sus ginecólogos, de forma unánime, se han declarado objetores de conciencia«.

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En la misma línea, el doctor Manuel Martínez-Sellés añade: «Nos extraña que se pretenda obligar a que se realicen abortos en esos hospitales si todos los ginecólogos se han declarado objetores de conciencia. La única forma de hacerlo sería o bien obligando a estos profesionales a que vayan en contra de su derecho a la objeción de conciencia o contratando específicamente a ginecólogos no objetores, algo que sería una discriminación ilegal de los ginecólogos objetores«.