El colectivo trans denuncia ante el Congreso el «retraso injustificado» de la ley LGTBI

El colectivo trans denuncia ante el Congreso el «retraso injustificado» de la ley LGTBI

Los colectivos de personas trans se impacientan: casi ocho meses después de que el anteproyecto de ley trans y por los derechos de las personas LGTBI saliera del Consejo de Ministros aún no ha llegado al Congreso de los Diputados, ni siquiera ha recibido los informes preceptivos de los órganos consultivos como el Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

Esta dilación inquieta a los colectivos, que temen que no se llegue a tiempo para aprobar el texto en esta legislatura. «Denunciamos el retraso injustificado del trámite de la ley trans y de derechos lgtbi, cuyo anteproyecto se aprobó el 29 de junio. (…) Cuando hay voluntad política, cuando el Ejecutivo quiere, cualquier ley se tramita en dos meses.Es una irresponsabilidad política«, ha indicado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso de los Diputados.

La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas han estado arropadas en este acto por parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País y Compromís.

En estos momentos, el anteproyecto se encuentra en manos de los órganos consultivos, que deben emitir sus informes sobre el texto como paso necesario para que el Ejecutivo vuelva a llevarlo al Consejo de Ministros. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo Fiscal han determinado cuándo estarán listos sus informes sobre este anteproyecto legislativo, según han indicado a El Periódico de España. El Consejo Económico y Social sí se ha pronunciado al respecto. Estos informes, aunque no son vinculantes, son preceptivos.

Estos órganos recibieron el texto el pasado diciembre, después de que el anteproyecto se encallara en su trámite ministerial debido a cambios en la estructura de Justicia.

Muchos años de espera

«Llevamos 43 años de democracia sin ser ciudadanía en igualdad de condiciones, es una ley que viene tarde, pero que repara la violación sistemática de derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la identidad legal o la atención sanitaria. Esta ley es necesaria para que España cumpla una asignatura pendiente y esta sea una democracia decente, justa e igualitaria», ha defendido Cambrollé.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans ha mostrado su temor de que, si la tramitación de este anteproyecto se sigue retrasando, acabe la legislatura antes de que sea aprobada: «Sería una gran irresponsabilidad política que no vamos a olvidar».

La presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, también ha sido dura con este retraso institucional y ha hecho público el enfado y la decepción de las familias: «No se nos considera lo suficientemente importantes», ha destacado.

Aventín ha advertido que el colectivo trans exige la tramitación de la ley, no actos con banderas: «No nos vamos a quedar aplaudiendo un lavado de cara» en torno al 28 de junio, día del Orgullo, una alusión velada al PSOE.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) no ha participado en el acto celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, pero coincide en que es «necesario acelerar los trámites de la ley».

El pasado 29 de enero, la Felgtbi+ se sumó a la manifestación organizada por Chrysallis para reclamar una mayor celeridad. La presidenta de esta federación, Uge Sangil, ha sostenido en declaraciones a este diario que la Felgtbi+ ha seguido trabajando con los distintos consejos e instituciones del Estado, proponiéndoles mejoras al texto.

«El objetivo es que, cuanto antes, salga del Consejo de Ministros una ley que garantice los derechos del colectivo, especialmente, de los menores trans, de las personas no binarias y de las personas migrantes trans», ha aseverado Sangil.

También el Ministerio de Igualdad se ha pronunciado sobre el retraso en la tramitación de este anteproyecto. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero han subrayado a este periódico que «es necesario continuar cuanto antes con el proceso legislativo de la Ley Trans y Derechos LGTBI».

«Garantizar los derechos humanos, como ha pasado recientemente en La Rioja, es algo que no se puede demorar más. Mejorar la vida de muchas personas» depende de ello«, han asegurado las mismas fuentes.

Igualdad solicitó al CGPJ la tramitación urgente de su informe preceptivo, algo que «no se atendió, al no haber cumplido los plazos».

El contenido de la ley

Tras meses de duras negociaciones, el Ejecutivo aprobaba el pasado junio la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI, que reconoce la libre determinación del género y deja de considerar enfermas a las personas trans. 

El proyecto, impulsado por Igualdad, sufrió un bloqueo de meses por las diferencias de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra Irene Montero sobre la autodeterminación del género. El consenso entre Igualdad, Justicia y Moncloa se tradujo en un texto que permitirá el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo máximo de cuatro meses. En la actualidad, las personas trans tienen que acudir a un médico para que acredite el cambio de sexo. 

Podrán cambiar su mención registral las personas mayores de edad y los menores a partir de los 14 años. Los chicos de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil. Lo que sí podrá hacer cualquier menor, con independencia de su edad, es cambiar su nombre.

El anteproyecto incluye un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley: las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo, para volver a hacerlo tendrán que obtener una autorización judicial. 

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La ley también prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual. 

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