Díaz pide convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición

Díaz pide convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición

Yolanda Díaz ha reclamado la convocatoria «urgente» de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos tras la polémica surgida en torno a los 1.000 millones de euros que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para gasto militar. La intención, ha dicho la ministra de Trabajo, es «hablar con serenidad» de un debate importante que lleva varios días tensando al Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ya mostró este lunes su descontento ante el movimiento ejecutado por el ala socialista. «Las formas en políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y respeto democrático a las Cortes Generales», denunció la ministra de Trabajo tras asegurar que el PSOE no les informó sobre la aprobación de este crédito de 1.000 millones de euros. Moncloa rechazó que los morados no hubieran sido informados, que la propuesta fue estudiada y validada sin que se produjeran ningún tipo de intervención en contra.

Unidas Podemos no comparte este mensaje. Por ello, Díaz ha reclamado que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, apenas invocada durante los más de tres años de legislatura. Se trata, en concreto, de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo que ambos partidos recogieron en el protocolo de funcionamiento de la alianza. Entre las funciones específicas de este órgano está la de «solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito del gobierno de coalición en ejecución de los compromisos del acuerdo programático».

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Otra de las discrepancias entre socialistas y morados reside en el acuerdo alcanzado entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ampliar de cuatro a seis el número de destructores estadounidenses en la base de Rota (Cádiz). El grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tomó este lunes la decisión de oponerse a este despliegue en el Congreso cuando el Gobierno lleve a votación la modificación del convenio bilateral con EEUU.