Cinco años del verano en que un presidente del Gobierno se sentó en la Audiencia Nacional

Cinco años del verano en que un presidente del Gobierno se sentó en la Audiencia Nacional

La trama Gürtel convirtió a Mariano Rajoy en el primer jefe del Ejecutivo en ejercicio que declaraba como testigo

La trama Gürtel es una de esas noticias que parecen casi permanentes, como un ruido de fondo, y que desde que estallan hasta que desaparecen van creciendo y menguando por oleadas, dilatándose en el tiempo tanto como lo hacen los casos judiciales en España. El verano de 2017 fue uno de los momentos en que subió la marea: el 26 de julio, la corrupción en el Partido Popular llevó por primera vez a un presidente del Gobierno en ejercicio a declarar como testigo en la Audiencia Nacional.

Antes de llegar a la Moncloa, Mariano Rajoy lo había sido todo en el Partido Popular: vicesecretario general al frente de campañas electorales, secretario general, presidente… así hasta sumar tres décadas en el comité ejecutivo del PP, precisamente en los años en los que se investigaba una trama de corrupción para financiar al partido y a sus dirigentes ilegalmente, que en aquella mañana de julio todavía recibía el calificativo de “presunta”.

Aunque Rajoy solicitó declarar por videoconferencia, la Sala de lo Penal lo citó presencialmente en San Fernando de Henares. Ni su agenda, ni el gasto público, ni el despliegue de seguridad que alegó fueron razones convincentes para el tribunal, al que los populares acusaron de haberse “dejado presionar”.

En la sesión 101 de la vista oral del caso Gürtel, pese al estío, centenares de periodistas se agolpaban desde bien temprano en las inmediaciones del secarral que alberga la sede de la Audiencia. Los esfuerzos por situar la cita dentro de la normalidad democrática no impidieron lo inevitable: ver al presidente del Gobierno declarando como testigo no era habitual. Adolfo Suárez y Felipe González también lo hicieron antes en sendos juicios —el caso Banesto en 1995 y el secuestro de Segundo Marey por los GAL en 1998—, pero ya como expresidentes. El despliegue policial, los manifestantes, la expectación mediática… Ni siquiera la llegada al juicio fue habitual: Rajoy usó la prerrogativa reservada a los poderes del Estado de acceder en coche a través del garaje, sin paseíllo ni fotos o declaraciones.

Negar la mayor

A las 10.05 arrancó una declaración que se prolongó algo menos de dos horas. Rajoy lo negó todo: ni caja B, ni trama de corrupción, ni sobres en negro. Insistió en que él se dedicaba a la política, no a la contabilidad, y que entre ambas había “una separación nítida”. El presidente se mostró altivo, con respuestas cargadas de soberbia: “No parece de un razonamiento muy brillante”, llegó a decirle a uno de los abogados de la acusación. Pero sobre todo, se mostró Mariano Rajoy.

Cuando tuvo que enfrentarse a los famosos mensajes que había enviado al tesorero Luis Bárcenas —“Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos”—, respondió: “Hacemos lo que podemos significa exactamente hacemos lo que podemos, significa que no hicimos nada que pueda perjudicar a ningún proceso”. Y ante la inconcreción de algunas de sus respuestas, espetó: “Las respuestas tienen que ser gallegas, no van a ser riojanas”.

Sus “lo recuerdo perfectamente” servían para introducir argumentos en los que descargaba la responsabilidad en el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta —nonagenario y con demencia senil— e incluso en la lideresa madrileña Esperanza Aguirre —protagonista de muchos de los dolores de cabeza de Rajoy en el pasado— y solo en algunos momentos tiró de desmemoria para responder con un “no lo recuerdo”.

Apenas una hora después de la declaración, Rajoy trataba de recuperar la normalidad dándose un baño de aplausos con los suyos en un acto sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la sede de Génova. “Estoy contento de haber cumplido con mi obligación”, dijo. Lo que no sabía entonces es que, en menos de un año, la sentencia judicial de aquel juicio desembocaría en una moción de censura que lo desahuciaría de La Moncloa y de la vida política.  

Caso Cataluña

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Este pasado jueves, se conoció que la jueza Stéphanie Garcia ha reactivado la investigación relativa a la querella presentada contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por presuntas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) con el objetivo de para obtener información de políticos catalanes durante el ‘procés’, entre ellos, los Pujol. La instructora encargó hace un mes a la policía ocuparse de las pesquisas tras ofrecer personarse al expresidente y dos de sus ministros, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.